Según Bango, el Director del Sistema Nacional de Cuidados, del MIDES, un tercio de las residencias o casas de salud
deberían cerrarse.
Una afirmación de esta magnitud, expresada por un jerarca de
esta administración, poco proclive a aceptar la realidad cuando ésta no les
favorece, genera una gran preocupación.
Máxime cuando seguramente existe un importante sub registro,
fundamentalmente en el interior y en zonas periféricas de la capital, y donde
la existencia de ofertas de alojamiento y cuidado surge con cierta frecuencia de personas que
necesitan aumentar sus recursos y lo que ofrecen son áreas de sus domicilios
que no deberían ser usados para ese fin.
Alguien decía que no toda la responsabilidad está en manos
del estado, ya que deberían ser los familiares de esos ancianos los que
deberían preocuparse por analizar cuidadosamente esas ofertas pensando si ellos
mismos aceptarían vivir en esas condiciones.
También se dice que esta situación de mala calidad de los
servicios, no se da exclusivamente en las residencias cuyo costo es bajo.
También se pueden comprobar en residencias más costosas, donde el control de la
calidad del servicio no es ejercido por quienes deberían hacerlo.
El abandono del anciano por parte de sus familiares es sin
lugar a dudas la base sobre la que se desarrollan muchas de estas irregularidades.
Mientras tanto, esta fuerza política tan proclive a los
grandes titulares, lanzó la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, entre
cuyos objetivos está el cuidado de los ancianos. Por tratarse de lo que se
trata es casi imposible que haya oposición a la idea.
Días pasados el Senador Cardoso señalaba que es una
propuesta cuyo costo es absolutamente impredecible, por cuanto son casi
infinitas las demandas posibles.
Frente a ello se me ocurre que deberían establecerse prioridades
y entre ellas deberían solucionarse las deficiencias e irregularidades que hoy
existen.
No podemos ampliar las áreas de atención sin antes
regularizar, pautar condiciones básicas de los servicios, controlar y evaluar
el cumplimiento de las mismas.
Antes de capacitar recursos humanos para cuidar ancianos en
sus domicilios deberían capacitarse y controlarse los recursos humanos que
trabajen en las residencias, subsidiando si fuera necesario su costo.
Por último, antes de invertir en atender ancianos y niños en
sus domicilios, por personas ajenas a la familia y en condiciones de extrema
vulnerabilidad para los beneficiarios, se deberían crear servicios como los CAIF
y clubes para la 3ª edad, barriales, aprovechando edificios estatales
subutilizados, o estructuras sociales administradas por organizaciones no
gubernamentales, como forma de apoyar a quienes necesitan apoyo en la difícil
tarea de cuidarlos.