En entregas anteriores me ocupé del tema de la sexualidad en la 3ª edad.
En esta oportunidad y a punto de partida de la crónica policial salteña,
relacionada con las condiciones en las que debió vivir y morir una persona
alojada en una “residencia” de esa ciudad, he resuelto encarar el tema de las
opciones residenciales que existen acá y en otras partes del mundo para
satisfacer esa necesidad de quienes integramos este grupo etario.
Parece claro que el tema es muy vasto por la multiplicidad de
situaciones que pueden presentarse.
Creo que la primera gran diferenciación es entre la 3ª y la 4ª edad. Las
condiciones físicas y sobre todo mentales pueden ser muy distintas y con ello
la vulnerabilidad se va incrementando a medida que se avanza con la edad.
Otra variable que tiene gran incidencia en las necesidades y sus
respectivas soluciones, es la situación económica y el nivel de ingresos que se
tenga.
Tampoco se deben olvidar los aspectos culturales y sobre todo familiares,
que frecuentemente cobran gran relevancia.
Para aquellas personas pobres o indigentes, que no cuenten con una familia
que los contenga, la solución pasa por asilos u hogares de ancianos (como se
les llama habitualmente en el interior y que muchas veces ocupan plantas
físicas que fueron de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa) que deberían, a mi juicio, ser controlados y supervisados
adecuadamente para que se respeten los derechos de sus usuarios a ser bien
atendidos y cuidados. Para ello se debe dotar, a las instituciones
responsables del contralor, de los RRHH necesarios para que puedan cumplir adecuadamente
con la función.
Las instituciones rectoras, a su vez, deberían definir con claridad los
estándares de calidad en materia de atención de la salud, higiene,
alimentación, calefacción y refrigeración, etc. para que las reglas sean bien
claras y los usuarios y sus familiares sepan qué pueden exigir y lo exijan.
Estos servicios ¿deben ser públicos o privados o deben ser gestionados
por ONGs? Confieso que tengo grandes dudas al respecto.
Por lo pronto descarto los servicios públicos controlados por otros
organismos también estatales.
Sería bueno definir un sistema que ofrezca
garantías de que el usuario de esos servicios está bien protegido y respaldado
en sus derechos.
Quizás habría que pensar en soluciones departamentales con contralor
nacional.
O como me aporta un querido colega y amigo: “es posible unir esfuerzos.
Por ejemplo, infraestructura y gestión, en el marco de una regulación y
fiscalización adecuadas”. Mi amigo continua diciendo: “Como médico he tenido
que asistir pacientes en muchos de estos servicios, algunos buenos, pero la
mayoría con carencias importantes. Carencias de las que no están libres algunos
servicios estatales. Quisiera dejar constancia que en los que las personas
estaban en buenas o muy buenas condiciones, era en los Hogares dirigidos por
comunidades religiosas o sociales, donde ni el lucro ni la burocracia eran lo
importante. Si lo eran el bienestar de los internos. En general se “respiraba”
cariño y respeto por las personas”.
De todas formas, lo importante es que quienes ejerzan el contralor tenga
una actitud responsable y comprometida con la defensa de los usuarios, similar a
los inspectores de la DGI, asumiendo que quienes no actúen correctamente están
defraudando al país y a sus pobladores y merecen severos castigos.
Para ello se deben definir criterios de reclutamiento y selección adecuados, formas de contratación que impliquen la pérdida del trabajo si no se cumple adecuadamente con la función y programas de capacitación y evaluación que garanticen que las personas contratadas para esa función la cumplan con la calidad requerida.
Con referencia a estos servicios asilares deberíamos
preguntarnos si los disponibles son suficientes, si se debería construir nuevos
asilos u hogares, para ampliar la capacidad de cobertura y atención para tantas
personas que hoy viven en situación de calle, o deberíamos pensar en
complementar la oferta existente con servicios residenciales que incluyan los
actualmente servicios clandestinos, regulando, controlando y complementando su
financiación con aportes estatales vinculados a la seguridad social.
Con todo respeto por quienes han trabajado y aportado para el Sistema
Nacional de Cuidados, atender este grupo tan especial y vulnerable de la
ancianidad, debería ser prioritario.
Por último, quiero cerrar esta entrega con otro aporte de mi amigo
Joaquín:
“Debemos, como sociedad, luchar para cambiar este estado de cosas. No es
posible hacerlo todo de un día para el otro, por los costos económicos y
sociales que significa. Pero fijemos objetivos alcanzables en plazos razonables.
Creación de centros diurnos, con el consiguiente alivio para las
familias así como la contención del anciano, su recreación y posiblemente el
rescate de sus experiencias residuales”.
En una próxima entrega abordaré el tema de las Residenciales.
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